RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA NO IMPLICA VERIFICAR LA LEGALIDAD DEL NOMBRAMIENTO QUE LES FUE OTORGADO, PUES PARA QUE SEAN SANCIONADOS BASTA QUE SE DEMUESTRE, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO, QUE SU CONDUCTA ES CONTRARIA A LAS OBLIGACIONES Y PRINCIPIOS QUE LES IMPONEN LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA Y TODOS AQUELLOS ORDENAMIENTOS QUE NORMEN SU ACTUACIÓN.

Para que un servidor público pueda ser sancionado por responsabilidad administrativa basta que se demuestre, a través del procedimiento administrativo respectivo, que su conducta es contraria a las obligaciones y principios que le imponen la legislación de la materia y todos aquellos ordenamientos que normen su actuación, sin que el estudio sobre la existencia de tal desempeño irregular implique verificar la legalidad del nombramiento que le fue otorgado, pues lo cierto es que durante el tiempo en que desarrolló las actividades relativas a su cargo lo hizo al amparo del mencionado documento y ello le obligaba a acatar los lineamientos que rigen las actividades propias del empleo conferido. Considerar lo contrario implicaría que las personas que faltaren a su obligación de respetar la ley al desarrollar una actividad pública, argumentaran que su nombramiento carece de determinados requisitos legales para evadir su responsabilidad, lo que se traduciría en la imposibilidad de sancionar las prácticas contrarias a los principios constitucionales que rigen el servicio público.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.