ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE. NO SE CONFIGURA LA HIPÓTESIS DELICTIVA PREVISTA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 193 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO CUANDO EL DELITO COMETIDO SEA DE NATURALEZA IMPRUDENCIAL.

La configuración del delito de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte previsto en el primer párrafo del artículo 193 del Código Penal del Estado de México, se entiende, por sí misma, de naturaleza dolosa, lo que implica la necesaria voluntad del sujeto activo del delito no solamente para circular o usar un vehículo de motor sin las placas visibles o la tarjeta que autorice su debida circulación, o con documentación que no corresponda al autorizado oficialmente para circular (lo cual por cierto únicamente puede imputarse al actuar doloso dejando excluida por lógica elemental, toda hipótesis imprudencial o culposa), sino que se requiere como medio "en la comisión" de un diverso delito, que por razones obvias sea igualmente intencional o doloso; por tanto, no se configura la hipótesis delictiva prevista en el primer párrafo del citado artículo 193 cuando el delito cometido sea de naturaleza imprudencial, en el que evidentemente no existe la voluntad por parte del agente activo para producir el resultado típico que no previó siendo previsible, o que confió en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observarse según las circunstancias y condiciones personales. Lo anterior es así, toda vez que, en las hipótesis de culpa o imprudencia no puede existir la libre intención de cometer un delito precisamente al conducir en tales condiciones, lo que excluye la posibilidad de estimarlas como parte integrante del elemento conductual que implícitamente exige el tipo penal y que viene a ser el dolo necesario que la complementa como medio "en la comisión" de un diverso delito predeterminado y doloso por necesidad. No advertir tal interpretación, llevaría al extremo de reconocer la irracionalidad de punir penalmente una infracción meramente administrativa y potencialmente circunstancial, lo que atentaría no sólo contra el principio de intervención necesaria o mínima del derecho penal, sino que también se actualizaría una desatención grave a la obligación de advertir el fin de protección de la norma.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.