SANCIÓN PECUNIARIA. LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE MODIFICA EL FALLO APELADO PARA TENER POR PARCIALMENTE SATISFECHA DICHA PENA AL HACER EFECTIVO EL BILLETE DE DEPÓSITO QUE GARANTIZA LA LIBERTAD PROVISIONAL DEL INCULPADO, VIOLA LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

La determinación del Tribunal de Alzada de modificar la sentencia apelada, en el sentido de tener por parcialmente satisfecha la sanción pecuniaria, al considerar que debe aplicar para su pago el billete de depósito que exhibió el inculpado al momento de garantizar el beneficio de la libertad provisional bajo caución, además de sustituir el pago de la cantidad restante, en caso de insolvencia, por jornadas de trabajo a favor de la comunidad, resulta violatoria de las garantías de seguridad jurídica y de exacta aplicación de la ley penal previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior es así, toda vez que, a través de tal actuación, la Sala responsable hizo efectivo el depósito que garantizaba la libertad del enjuiciado sin tener competencia legal para ello, además, porque los artículos 36 y 39 del Código Penal para el Distrito Federal prevén como facultad discrecional de la autoridad judicial la sustitución de la multa por trabajo en beneficio de la víctima o a favor de la comunidad, por lo que resulta claro que con la aplicación forzosa de la cantidad depositada se obligaría al inculpado a su pago, aun cuando se encuentre en estado de insolvencia, pues el hecho de que haya garantizado la sanción pecuniaria con un billete de depósito no significa necesariamente que cuente con recursos para cubrir tal sanción, aunado a lo anterior, se haría nugatorio el derecho del sentenciado a optar por el beneficio de la suspensión condicional de la pena, porque la aplicación del billete exhibido puede tener como consecuencia que el inculpado ya no tenga derecho a obtener la suspensión total de la multa, de conformidad con el artículo 91 del citado código.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.