RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD.

El artículo 21, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que señala que una vez desahogadas las pruebas admitidas, las autoridades administrativas competentes resolverán dentro de los 45 días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrán al infractor las sanciones correspondientes, no viola las garantías de seguridad jurídica y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el procedimiento que se sigue ante dichas autoridades observa las garantías de audiencia y debido proceso; de ahí que la circunstancia de que no se dicte resolución dentro del plazo de 45 días hábiles no transgrede las referidas garantías, ya que la facultad sancionadora de la autoridad competente no caduca una vez transcurrido el plazo mencionado, en tanto que para ello es necesario que dicho supuesto se hubiere previsto en la ley, pues de lo contrario se haría nugatorio el imperativo contenido en el artículo 113 constitucional, consistente en las obligaciones de los servidores públicos con motivo de sus funciones en beneficio de los gobernados y de las sanciones a que pueden hacerse acreedores en caso contrario.