EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE EFECTIVA TUTELA JURISDICCIONAL.

La presunción de legalidad y validez del acto administrativo establecida en el artículo 8o. de la Ley citada es la base que sustenta su ejecutividad, pues lleva inmersa la posibilidad de que la administración pública provea a la realización de sus propias decisiones, siempre y cuando el orden jurídico le haya conferido expresamente tal atribución, característica que se constituye en una potestad imperativa o de mando con que se halla investido todo órgano administrativo público y cuyo apoyo radica, básicamente, en el hecho de que en la acción ejecutiva busca satisfacer las necesidades de interés general de la colectividad, cuya realización no admite demora. Por tanto, el artículo 9o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al disponer que el acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada, sin condicionar su ejecutividad a que el acto haya adquirido firmeza derivada del fenecimiento del plazo para controvertirlo, no transgrede la garantía de efectiva tutela jurisdiccional contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no se priva o restringe al afectado del acceso a la jurisdicción con requisitos innecesarios, excesivos, carentes de razonabilidad o limitativos de los plazos pertinentes para alcanzarla, ya que dichos actos administrativos no son definitivos y, en consecuencia, el particular tiene a su alcance medios de impugnación como el recurso de revisión contenido en la Ley en cita, o el juicio de nulidad regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que inclusive prevén la suspensión del acto administrativo combatido, y cuya determinación de nulidad produce efectos retroactivos, con lo cual se logra que las situaciones jurídicas afectadas vuelvan al estado que guardaban antes de la emisión del acto anulado.