AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL JUICIO DE NULIDAD CONFORME A DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando el quejoso no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando la mencionada ley que rige el acto exija, para conceder la suspensión, mayores requisitos que la Ley de Amparo. Así, el juicio de garantías indirecto resulta improcedente contra los actos administrativos regidos por la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, cuando no se ha agotado previamente el juicio de nulidad previsto en dicha ley; pues, al establecerse en el numeral 67, del ordenamiento legal antedicho, la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través de la instauración del citado juicio, no se imponen mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. En efecto, del análisis comparativo entre el precitado artículo 67 y el diverso 124, éste de la Ley de Amparo, se advierte que prevén similares requisitos para el otorgamiento de la suspensión de los actos que se impugnan; ya que, además, en ambos ordenamientos se establece la exigencia del acreditamiento del interés jurídico, lo que se traduce en que el solicitante de la suspensión debe demostrar ser el titular del derecho cuestionado, pues sostener lo contrario implicaría que se otorgara dicha medida a quienes no les depara perjuicio la ejecución del acto que se combate.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.