COSTAS, LA CONDENA AL PAGO DE LAS, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 1.227, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE PARA EL ESTADO DE MÉXICO, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Este precepto constitucional en su segundo párrafo estatuye: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". En ese sentido, la condena al pago de costas establecida en el artículo 1.227, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, no contraviene el espíritu del Constituyente, conforme a lo ordenado por el artículo 17 de la Carta Magna, ya que tal condena se refiere a las costas procesales que tienen como finalidad resarcir a la tercera perjudicada por los gastos que se le originaron con la tramitación de una contienda judicial, mientras que el precepto constitucional prohíbe que el gobernado retribuya al órgano jurisdiccional que interviene en la impartición de justicia, pues dicha condena tiene como finalidad resarcir los gastos efectuados por quien obtuvo una sentencia definitiva favorable en la que se reconoció su derecho y que además tuvo que vencer la resistencia del obligado a cumplirle.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.