SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL. ES IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA AQUELLA DETERMINACIÓN, SI EL INCULPADO SE ENCUENTRA SUSTRAÍDO DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

Por regla general el procedimiento judicial, al ser de orden público e interés social, no puede ser suspendido. Empero, tal regla admite excepciones cuando la ley de la materia así lo establece, como en el caso previsto en la fracción I del artículo 445 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, al disponer que una vez iniciada la averiguación de un delito, podrá suspenderse el procedimiento si el indiciado se sustrae de la acción de la justicia. Lo anterior encuentra justificación, pues si bien a la sociedad le interesa la continuación de los procesos para que se castigue al culpable o se absuelva al inocente, no debe soslayarse que el procedimiento penal está conformado por un conjunto de actos y fases que deben observar todos los sujetos de la relación jurídico-procesal que intervienen en él; por consiguiente, es evidente que la sustracción del justiciable impide su continuación, al existir imposibilidad jurídica para concretar los actos de defensa previstos en la ley, pues en el proceso penal mexicano no es posible la sustitución o representación del inculpado, lo que implica que debe comparecer personalmente en la causa a defender sus intereses. Por ello, si en el amparo indirecto se señala como acto reclamado la determinación de suspender el procedimiento penal porque se dictó orden de reaprehensión, la medida cautelar que se solicita con la finalidad de aportar pruebas de descargo resulta improcedente, ya que tendría por efecto reanudarlo por todas sus fases, lo cual no es jurídicamente posible, pues la relación jurídico-procesal no estaría integrada, precisamente por la ausencia del indiciado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.