IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, RECLAMA DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EL ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.

El juicio de amparo es el medio de defensa creado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el gobernado haga frente a las arbitrariedades del poder público, por lo que si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su función recaudadora de impuestos, advierte que alguno de los contribuyentes probablemente incurrió en la comisión de un delito, y formula la querella correspondiente ante el agente del Ministerio Público de la Federación y éste determina el no ejercicio de la acción penal, la querellante no tiene derecho a interponer demanda de garantías por estimar que se violan sus derechos públicos subjetivos, ya que en ese supuesto la secretaría de Estado accionante no se somete a las normas de derecho privado, ni se afectan sus intereses patrimoniales en lo particular; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento y, en consecuencia, debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con el numeral 74, fracción III, de la ley citada.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.