PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A ORIENTAR A LA JUNTA RESPECTO DE SU ALCANCE DEMOSTRATIVO NO DEBEN TENERSE COMO OBJECIONES, SINO SIMPLES ALEGATOS DE VALORACIÓN.

De una interpretación concatenada de los artículos 797, 798, 799, 800, 801, 802, 807, 810 y 811 de la Ley Federal del Trabajo se desprende que los documentos públicos y/o privados pueden ser objetados por inexactitud cuando se ponga en duda su contenido y se debe solicitar la compulsa o cotejo con los originales para lograr su perfeccionamiento; o cuando se ponga en tela de juicio la autenticidad de la firma de un tercero en un documento y sea necesaria su ratificación (artículos 797, 800, 802, primer párrafo y primera parte del segundo párrafo); o bien, pueden ser objetados por falsedad, supuesto en el que será necesario que el promovente precise el motivo de falsedad y acredite con prueba idónea el motivo del redargüimiento; sin embargo, no se advierte en los artículos mencionados que se establezca que las partes puedan objetar documentos únicamente mediante razonamientos; concluyéndose, en consecuencia, que cuando las partes del juicio laboral formulen argumentos tendientes a orientar a la Junta respecto del alcance demostrativo que puede tener una documental pública o privada, técnicamente no se está ante una objeción sino ante un alegato de valoración de pruebas.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.