SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA. NO PUEDEN ABOGAR, ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, POR LOS DERECHOS O EL PATRIMONIO DE OTRAS PERSONAS, INCLUSO DE SUS FAMILIARES.

Del contenido del artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se llega al conocimiento de que si bien es cierto que las personas que desempeñan algún cargo de los ahí señalados, investidas de la potestad de administrar justicia, pueden defenderse en causa propia cuando alguien las demande, también lo es que, por virtud de ese mandato constitucional, no pueden ejercer la abogacía para defender ante los tribunales el patrimonio de otras personas, aun tratándose de asuntos en los que alguno o algunos de sus familiares intervengan como parte.