DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE, CONTRA EL MINISTERIO PÚBLICO CUANDO NO TIENE CARÁCTER DE AUTORIDAD SINO DE PARTE, Y SOLICITA EL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN ANTE EL JUEZ PENAL.

Conforme al artículo 21 de la Constitución General de la República, el Ministerio Público tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la sociedad, encomendándosele la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal, en su caso; derivándose así la primera de sus dos funciones cuando actúa con el carácter de autoridad al llevar a cabo la investigación de los hechos delictuosos que le son denunciados, y las determinaciones que dicta están investidas de potestad de imperio; y la segunda, al ejercer la acción penal pierde el carácter de autoridad que tenía en la averiguación previa, para convertirse en parte en el proceso. De ahí que la solicitud de desistimiento de la acción penal realizada por el Ministerio Público adscrito a un Juzgado Penal, en vía de incidente no especificado, así como la ratificación de la misma por parte del procurador general de Justicia del Distrito Federal, no tengan el carácter de actos de autoridad, aun cuando hayan sido acordadas de conformidad por el Juez; pues es éste el que tiene finalmente la potestad de resolver en definitiva dicha petición, acogiéndola o desestimándola, dado que no lo vinculan, por tratarse de una mera opinión carente de unilateralidad, imperio y coercibilidad. Las consideraciones expuestas conducen a declarar improcedente la demanda de amparo promovida contra tales actos atribuidos a dichas autoridades responsables, con fundamento en los artículos 103 fracción I de la Constitución Federal y 1o. fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 73 fracción XVIII de la ley de la materia.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.