SUBSIDIO ACREDITABLE. NO PUEDE ANALIZARSE LA PROPORCIONALIDAD DEL RECONOCIMIENTO DE SUS EFECTOS EN LA TARIFA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 85/2010, de rubro: "RENTA. EL SUBSIDIO ACREDITABLE PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 113, 114 Y 178 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO TIENE RELACIÓN CON LA TARIFA APLICABLE NI CON LA BASE DEL TRIBUTO Y, POR ELLO, NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006).", estableció que ese subsidio constituye un beneficio que no conforma la estructura típica del impuesto, al operar sobre el monto a pagar y no sobre alguno de los elementos esenciales del tributo, por lo que no se rige por los principios constitucionales de justicia tributaria; criterio que no se afecta con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de octubre de 2007, mediante el cual se derogaron los artículos 114 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que regulaban el cálculo de ese componente, toda vez que esta reforma no tuvo como propósito incorporar esa figura a un elemento esencial de la contribución, como es la tarifa, sino la eliminó para simplificar el cálculo del tributo por la complejidad que representaba determinar la proporción aplicable, por lo que sus efectos se incorporaron a las tarifas previstas en el artículo 113 de la citada legislación, reestructurándose con una proporción global de 86% de ingresos gravados, con lo que disminuyeron de manera general el monto de la cuotas fijas y de los porcentajes aplicables sobre el excedente del límite inferior. Así, una vez realizada esa modificación legislativa, el subsidio dejó de operar, interna y externamente, respecto de la estructura del tributo. Por consiguiente, es patente que el reconocimiento de los efectos del subsidio acreditable en la tarifa del impuesto de las personas físicas asalariadas, no puede analizarse por sí solo a la luz del principio de proporcionalidad tributaria, sino únicamente puede someterse al escrutinio constitucional como parte del nuevo o reformado mecanismo para determinar la tarifa que deben pagar ese tipo de contribuyentes, si consideran que no atiende a su capacidad contributiva, máxime que una eventual concesión de amparo irrogaría un perjuicio al quejoso más que aportarle un beneficio.