LIBERTAD SINDICAL. COMPRENDE EL DERECHO DE PATRONES Y TRABAJADORES A LA REDACCIÓN DE LOS ESTATUTOS DE SUS ORGANIZACIONES SINDICALES, SIN QUE ELLO IMPIDA A LA AUTORIDAD LEGISLATIVA SALVAGUARDAR A SUS AFILIADOS EL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE RECURSOS JUDICIALES.

La libertad sindical constituye un derecho fundamental reconocido en el artículo 123, apartado A, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en una serie de instrumentos internacionales, siendo regulada expresamente por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado Mexicano el 1o. de abril de 1950, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 1950; esa libertad no sólo comprende el derecho de trabajadores y patrones a constituir en forma autónoma e independiente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la defensa de sus derechos e intereses, sino también el derecho de redactar sus propios estatutos. Por su parte, el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, en su recopilación de decisiones y principios, específicamente en el punto 369, ha señalado que las organizaciones sindicales, en efecto, pueden redactar sus estatutos, pero ello no impide que la autoridad legislativa de cada país emita disposiciones limitándose a fijar un marco general, dejando a las organizaciones la mayor autonomía posible para regir su funcionamiento y administración; las restricciones a este principio deberán tener como único objetivo garantizar el funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los intereses de sus afiliados; finalmente, aclaró, que deberá preverse un recurso ante un órgano judicial, imparcial e independiente, a fin de evitar todo riesgo de injerencia excesiva o arbitraria en el libre funcionamiento de las organizaciones. Bajo estas premisas, se concluye que los estatutos sindicales, aunque pueden establecer algún recurso al interior del sindicato, ello no implica desconocer que la autoridad legislativa también tiene la facultad de establecer recursos judiciales para resolver los conflictos suscitados al interior del propio sindicato, claro está, con el único objetivo de garantizar el funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los intereses de sus afiliados; asegurando con ello el acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.