AVERIGUACIÓN PREVIA. DEBE DURAR MÁXIMO CUARENTA Y OCHO HORAS CUANDO EN ESTA ETAPA EL INCULPADO ES PUESTO EN LIBERTAD PROVISIONAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL).

De acuerdo con los derechos humanos de libertad personal y seguridad jurídica, y con apego al principio de interpretación pro persona, cuando el inculpado estuvo detenido y se le concedió libertad provisional, el plazo de duración de la indagatoria es hasta de cuarenta y ocho horas. Es así porque, si bien en los casos de inculpado detenido y no detenido la regla de duración puede obtenerse de diversas normas, el legislador no dispuso cuánto debía durar la indagatoria si le concedió libertad provisional; en este último supuesto ya no está materialmente tras las rejas pero tampoco está completamente libre pues, aunque puede deambular, su libertad está limitada porque se encuentra sujeto a determinadas condiciones y obligaciones (como no cambiar de domicilio ni salir del país sin previa autorización) y la misma es provisional ya que sólo es mientras dure el procedimiento, además de que puede ser revocada si incumple aquéllas. De manera que la duración de la averiguación previa está determinada por la situación personal en la que el inculpado la enfrenta. Tradicionalmente sólo había dos alternativas claramente determinadas por el hecho de si el inculpado estaba detenido o no: 1. Si se encontraba detenido, la averiguación previa debía ser resuelta "de inmediato"; en cambio, 2. Si no estaba detenido, debía ser resuelta, en definitiva, en cuanto las pruebas recabadas lo permitieran. En el primer caso, si en lo inmediato no se disponía del material suficiente para decidir, se ponía al inculpado en libertad "bajo reservas de ley" y, en automático, pasaba a regirse por el segundo caso. Aunque este criterio de distinción permitía identificar con absoluta claridad tales alternativas, el lapso de duración de la averiguación previa distaba mucho de estar objetivamente determinado en el caso de estar detenido; situación que se vio resuelta hasta el año mil novecientos noventa y tres con la reforma al artículo 16 constitucional, que estableció el plazo de cuarenta y ocho horas tras el cual debe ponerse al inculpado en libertad o a disposición del Juez. En el segundo caso, la duración de la averiguación previa, hasta la fecha, no está acotada legalmente por una regla positiva, sino por un conjunto de reglas de cuya conjugación deriva que el fiscal decide cuando disponga de las pruebas suficientes para accionar, sin que haya plazo de antemano establecido, tomando como límite máximo la prescripción. En ese estado de cosas, en la misma reforma constitucional se modificó el artículo 20, fracción I y penúltimo párrafo, para establecer la posibilidad de que el detenido fuera puesto en libertad provisional durante la averiguación previa, a condición de que, entre otras cosas, cumpliera con una serie de obligaciones durante el tiempo de esa libertad, reveladoras de que no se evadiría; lo cual se reguló en mil novecientos noventa y tres en el artículo 135 del código procesal penal federal y al año siguiente en el artículo 271 de la ordenanza adjetiva capitalina. Pero no se dispuso de manera expresa cuánto debía durar la averiguación previa en tal caso. De manera que, ante la ausencia de norma expresa para este caso, deben extenderse los efectos de una de las dos reglas existentes, por medio de interpretación de la norma (de entre las racionalmente posibles); y de entre ellas debe prevalecer la que más beneficia a la persona (en oposición a la autoridad, que sería la de mayor plazo para investigar) y que le proporcione mayor seguridad jurídica; esto se traduce en la interpretación de que el inculpado en libertad caucional se encuentra en la misma situación que si estuviera detenido, y por eso la averiguación previa debe durar cuarenta y ocho horas; y no que está en una situación semejante a la de quien enfrenta la averiguación en libertad (sin adjetivos), en cuyo caso la indagatoria podría durar años; además de que la reducción del tiempo para el fiscal no implica pasar desmedidamente por encima de sus facultades, en tanto que no se merma su capacidad real de investigación porque si decide calificar la retención de un inculpado es porque estima que hay flagrancia y ello implica que ya dispone de un suficiente estándar probatorio de que hay un delito y de la probable responsabilidad, además, al ponerlo en libertad provisional, no se incrementa el estándar para accionar. De modo que si el Ministerio Público no ejerce acción penal antes de que concluya el plazo citado, el inculpado debe recobrar su libertad, lo que significa que debe ser liberado de las obligaciones contraídas con motivo del disfrute de ese derecho y continuar la averiguación previa en las condiciones temporales que rigen para cuando no está detenido -entre ellas devolver caución o cancelar fianza-; y si finalmente el Ministerio Público decide ejercer acción penal, lo que procede es solicitar orden de aprehensión, mas no de presentación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.