RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN. EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, AL NO CONTENER LOS PARÁMETROS PARA QUE LA AUTORIDAD PUEDA GRADUAR ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO LA DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN QUE PREVÉ Y NO PRECISAR LOS ALCANCES DE ESA SANCIÓN, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL.

Si se toma en cuenta que dicho precepto no contiene los parámetros de acuerdo con los cuales la autoridad puede graduar entre un mínimo y un máximo la duración de la suspensión de los servidores públicos que prevé, ello impide que el juzgador pueda ejercer su facultad del prudente arbitrio, al no señalar las bases para ello, además de que no precisa los alcances de esa medida, a saber: si es sólo de sus labores o únicamente en el pago de su salario o de ambos, lo que genera incertidumbre en la aplicación de la pena y permite la actuación arbitraria de la autoridad. Por tanto, el referido numeral viola el principio de legalidad en materia penal -aplicado al derecho administrativo sancionador-, contenido en el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a la aplicación estricta del derecho positivo vigente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.