RENTA. EL ARTÍCULO 195, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).

El citado precepto legal, al obligar a las instituciones de fianzas o de seguros residentes en el extranjero, sin establecimiento permanente en el país, a pagar el impuesto sobre la renta causado por concepto de intereses, por las contraprestaciones que perciban de residentes en México (ya sea nacionales o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país), con motivo de la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, no viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues atiende a la situación particular que tienen dichos causantes, dado que están obligados al pago del impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, aun cuando hayan sido determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, provenientes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o, cuando teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a éste, conforme al artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de ahí que si los aludidos contribuyentes reciben recursos dinerarios por garantizar el cumplimiento de una obligación principal a cargo de un tercero, en cualquiera de las modalidades mencionadas, están obligados a pagar dicho impuesto, toda vez que esos recursos constituyen ingresos por concepto de intereses provenientes de fuente de riqueza nacional, obtenidos como retribución por aceptar responder por un tercero, el cumplimiento de una obligación principal, lo cual incide de manera positiva en su patrimonio, por lo que dicha riqueza obtenida dentro del territorio nacional es susceptible de ser gravada, conforme a la tasa que le corresponda de las que prevé el propio dispositivo legal o, en su caso, acorde a los porcentajes autorizados en caso de existir algún convenio internacional.