MULTAS EN EL JUICIO DE AMPARO. NO SE LES DEBEN IMPONER A LOS ORGANOS DE AUTORIDAD, SINO A SUS TITULARES O A QUIENES LOS REPRESENTAN.

Los órganos de autoridad tienen a su favor la presunción de buena fe en su actuación, puesto que obran conforme a facultades expresas que la ley les confiere para satisfacer los intereses superiores del Estado, en todos sus niveles de poder; de ahí que, si dichos órganos no se desempeñan movidos por un interés particular, no hay motivo para que actúen de mala fe. De acuerdo con lo anterior, no procede multar a dichos órganos en el juicio de amparo, puesto que, respecto de ellos, no se surte el requisito que establece el artículo 3o. bis, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en el sentido de que sólo se aplicarán las multas establecidas en ella a los infractores que, a su juicio, hubieren actuado de mala fe. En cambio, en lo individual, los titulares o quienes representan a los órganos de autoridad, pueden actuar de mala fe anulando la presunción referida por el cual, cuando se dé ese supuesto se les debe multar.