EXTRADICIÓN. LA SOLICITUD RESPECTIVA DEBERÁ SER NEGADA CUANDO EXISTA UN RIESGO REAL DE QUE LA PERSONA REQUERIDA SUFRIRÁ VIOLACIONES INMINENTES Y EVIDENTES A SUS DERECHOS HUMANOS EN EL PAÍS SOLICITANTE.

La figura de la extradición ha evolucionado a partir del reconocimiento en el derecho internacional del individuo como sujeto de derecho y no objeto de las relaciones entre los Estados. Además, el artículo 1o. constitucional dispone que todos los actos del Estado están sujetos al marco nacional e internacional de los derechos humanos. Así, en el procedimiento de extradición el Estado mexicano debe cumplir con su deber de proteger los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Sin embargo, ya que una vez entregado el inculpado al país solicitante México no tendrá jurisdicción para hacer valer los derechos de dicha persona, el deber de protección constituye un deber de prevención de acuerdo con el cual México no podrá entregar a la persona requerida cuando exista un riesgo real de que sufrirá violaciones inminentes y evidentes en el país requirente. En tanto el deber de prevención se actualiza sobre una violación futura, debe existir una probabilidad casi certera de que ésta ocurrirá.