IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA OBLIGACIÓN A CARGO DE LAS PERSONAS MORALES DE RETENER EL TRIBUTO QUE SE LES TRASLADA POR LA ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS PARA SER UTILIZADOS COMO INSUMO DE SU ACTIVIDAD INDUSTRIAL O PARA SU COMERCIALIZACIÓN, ES EXIGIBLE TRATÁNDOSE DE METALES PUESTOS EN CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN.

El artículo 1o.-A, fracción II, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, impone a las personas morales que adquieran desperdicios para ser empleados como insumos de su actividad industrial o para su comercialización, la obligación de retener el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado por dicha adquisición. Si bien el legislador no estableció una definición, para efectos de la carga de retener el tributo trasladado al adquirente, del término "desperdicios", en el artículo 2 del reglamento de la ley mencionada se detalló que dicha carga debe efectuarse sin importar la forma en que se presenten los desperdicios ni la posibilidad de que sean reutilizados o reciclados por haber sido objeto de un proceso de selección, limpieza, compactación o trituración. Es decir, en términos de la normatividad invocada, el punto medular a considerar para establecer si por la adquisición de desperdicios existe obligación de retener el impuesto al valor agregado que sea trasladado al adquirente es que, con independencia de la forma en que se presenten o hayan sido puestos en condiciones de reutilización, sean comprados para usarlos como insumos o para comercializarlos, sin que la circunstancia de que ese tipo de bienes hayan sido puestos en condición de ser usados nuevamente los convierta en productos distintos, ya que su composición continúa siendo la misma que al haberse desechado de los hogares y de la industria, sino que, se reitera, son bienes puestos en aptitud de servir una vez más como insumos para quienes se dediquen a la fabricación de mercancías, o bien, para comercializarlos, con la salvedad de que se presentan en forma diversa a la en que fueron recopilados después de su desechamiento.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.