VERIFICACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL. LOS INSPECTORES DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE NO REQUIEREN DE UNA ORDEN ESCRITA PARA REALIZARLA, CUANDO CONOCEN DE ACTOS U OMISIONES DE SU COMPETENCIA EN UN RECINTO FISCALIZADO, DERIVADO DE LA DENUNCIA REALIZADA POR LA AUTORIDAD ADUANERA.

La finalidad de la institución de la denuncia es permitir que cualquier persona y, por mayoría de razón, una autoridad en ejercicio de sus funciones, haga del conocimiento directo e inmediato de la legalmente facultada para investigar, la existencia de un hecho u omisión que pueda constituir una infracción al orden jurídico, como ocurre cuando la autoridad aduanera informa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sobre la probable existencia de una irregularidad, con motivo de la revisión física de la mercancía almacenada en un recinto fiscalizado o el examen de la documentación que ampara la legal procedencia de dichos bienes, a efecto de que ésta efectúe el aseguramiento o inmovilización de los productos, objetos, instrumentos, huellas o indicios relacionados con la conducta presuntamente ilícita, ya que por ese solo hecho existe continuidad en la función de verificación de las mercancías realizada por los inspectores ambientales, pues dicha actuación se encuentra precedida por una denuncia proveniente de autoridad y, dada la urgencia que puede derivar de la naturaleza misma del hecho, es inconcuso que los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente están legalmente facultados para actuar sin necesidad de una orden escrita de visita o verificación, porque no se revisa el domicilio de una persona, sino un recinto fiscalizado, que es un lugar público, donde el verificador aduanal lleva a cabo sus funciones respecto de los bienes o mercancías que se encuentran almacenados, pues la actuación de la autoridad ambiental se complementa con la del personal aduanal que le informa de las irregularidades detectadas.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.