ALIMENTOS, CASO DE EXCEPCIÓN EN FAVOR DEL HIJO MAYOR DE EDAD, CUANDO MUESTRE UN INTERÉS REAL EN RETOMAR SUS ESTUDIOS.

La naturaleza jurídica y la alta finalidad de solidaridad social perseguida con la institución de los alimentos, especialmente de los que deben ministrar los padres a sus hijos en proceso de formación o capacitación para enfrentar más eficientemente la problemática de su vida adulta, aunada a las exigencias impuestas por la vida actual y a la creciente inestabilidad de los núcleos familiares en los conglomerados urbanos de esta época, que contribuyen a generar una especie de responsabilidad difusa por el abandono creciente de las aulas escolares, conducen a una interpretación funcional del artículo 320 del Código Civil aplicable en la Ciudad de México, en el sentido de que, cuando tales condiciones influyan de manera importante a que un hijo interrumpa la secuencia ordinaria de su educación profesional, pero en un tiempo razonable, ya mayor de edad, recapacite y retome su preparación, esta actitud debe considerarse suficiente para prolongar la presunción de necesidad de los alimentos, hasta la conclusión de los estudios retomados, salvo prueba en contrario, siempre y cuando: a) el padre, la madre o ambos, se encuentren en situación personal y económica que les permita cumplir la obligación sin mayor dificultad, sin renunciar al nivel económico y social que vengan sosteniendo, sin poner en riesgo su propia vida y salud, y sin que resulten afectados los derechos de otros acreedores alimentarios impedidos para proveer, por sí mismos, los satisfactores de sus necesidades, por su corta o avanzada edad o por su estado de salud, como los hijos menores de edad, ascendientes o cónyuges, b) que el propósito del hijo sea serio y real, evidenciado, mediante actitudes y resultados que patenticen el avance perseverante hacia las metas trazadas, la regularidad y continuidad en los estudios, el cumplimiento oportuno de los planes y programas escolares, y la obtención de las calificaciones aprobatorias en las evaluaciones. Empero, para evitar fraudes, simulaciones o en general, actitudes indebidas, la pensión debe quedar sujeta a una supervisión constante por el tribunal que la otorga, imponiendo la obligación al acreedor alimentario de presentar informes periódicos sobre el avance en su programa escolar, acompañados de las constancias que acrediten su aprovechamiento real, continuo y permanente de los recursos otorgados por el deudor, con el apercibimiento de que, en caso de alejamiento, abandono o descuido de los estudios, o por el solo hecho de no presentar la información, se suspenderá o cesará el derecho alimentario, conforme a la gravedad de las inconsistencias, mediante una determinación judicial inmediata y directa, sin necesidad de nuevo juicio o incidente al respecto.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.