ACTOS DE TORTURA. SI EN LOS AUTOS DE LA CAUSA PENAL DE ORIGEN EXISTEN PRUEBAS SUFICIENTES QUE PERMITEN CONSIDERAR -PARA EFECTOS PROCESALES- QUE EL INCULPADO PUDO HABERLOS SUFRIDO Y SE ADVIERTE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO INCUMPLIÓ CON LA CARGA DE DESVIRTUAR LOS ELEMENTOS PROBATORIOS APORTADOS AL SUMARIO Y DEMOSTRAR QUE NO FUE VÍCTIMA DE AQUÉLLOS, ES INNECESARIO ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/2016 (10a.), de título y subtítulo: "ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE.", estableció que la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales dentro del proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso, en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016), 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y, consecuentemente, debe ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar la sentencia. Ahora bien, acorde con las razones sustanciales de dicha jurisprudencia, si en los autos de la causa penal existen pruebas suficientes que permiten considerar -para efectos procesales- que el inculpado fue torturado, y se advierte que el Ministerio Público incumplió con la carga de desvirtuar los elementos probatorios aportados al sumario y demostrar que el imputado no fue víctima de esos actos, ya que tiene la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante medios convictivos adecuados, en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, es innecesario ordenar la reposición del procedimiento en los términos indicados, en tanto que la autoridad responsable, al analizar el material probatorio desde esta perspectiva, pudiera arribar a una conclusión favorable a los intereses del quejoso; consecuentemente, el Juez de amparo deberá tener por acreditada la existencia de tortura en su vertiente de violación a derechos fundamentales, con las consecuencias que dicha situación conlleva por lo que ve al debido proceso y, por tanto, aquellas pruebas que hayan sido obtenidas con motivo de esos actos de tortura deberán ser eliminadas del caudal probatorio, atento a las reglas de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.