BECAS DE ESTUDIO COMO MEDIDA DE REHABILITACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. SU ENTREGA NO NECESARIAMENTE DEBE HACERSE A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución que determinó las medidas de reparación integral del daño, entre otras, la entrega de una beca de estudios en una institución educativa pública, lo que se hizo en términos del artículo 51 de la Ley General de Víctimas, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgó por violaciones a derechos humanos.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la entrega de becas de estudio a las víctimas no necesariamente debe hacerse a través de instituciones de educación pública.

Justificación: Lo anterior, pues conforme al contenido del artículo 3o. de la Constitución General, la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior debe ser impartida por el Estado de forma obligatoria, universal, inclusiva, pública y gratuita. De modo que a través de la implementación de medidas de rehabilitación como parte de una reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos, no ha lugar a invocar la garantía del derecho humano a recibir educación pública y gratuita, pues éste es un derecho que conforme al régimen constitucional vigente, tiene que garantizarse. Así, en aras de que las víctimas sean reintegradas en sus derechos fundamentales, lo razonable es que el Estado se obligue a la garantía de medidas adicionales o complementarias a las que ya se encuentra expresamente obligado por la ley y por la Constitución General, pues de lo contrario, estaría eludiendo su responsabilidad de reparar los daños provocados.