SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO NO EJECUTADO. AL CONCEDERSE NO PUEDEN ESTABLECERSE SUPUESTOS EN LOS CUALES, DE PRESENTARSE, AQUÉLLA PODRÍA INOBSERVARSE POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

El artículo 161 de la Ley de Amparo señala que si se trata de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, la suspensión tendrá por efecto que éste no se lleve a cabo; lo que implica que durante la vigencia de la suspensión de plano –de no haberse ejecutado–, no puede efectuarse, lo que de suyo implica que el recurrente permanezca en el lugar donde se encuentre; sin que diversa razón o motivo pueda permitir realizarlo, pues contravendría la expresión incluida en el citado precepto, de "...que éste no se lleve a cabo". Por ende, al concederse no es factible que se establezcan supuestos en los cuales, de presentarse, la suspensión otorgada podría "ser inobservada" por las autoridades responsables, ya que condicionar su vigencia atenta contra la naturaleza jurídica de la medida cautelar y el objeto que persigue, que consiste en mantener viva la materia del juicio constitucional; además, impide que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitándole los perjuicios que la ejecución del acto reclamado pudiera ocasionarle; de ahí que la suspensión, una vez concedida de plano, de modo alguno puede inobservarse por las autoridades responsables, ya que incluso el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como delito en que éstas pueden incurrir, cuando no obedezcan un auto de suspensión debidamente notificado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.