SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE SE CONTINÚE PAGANDO EL 30% DEL INGRESO REAL A UN TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SUSPENDIDO TEMPORALMENTE DE SU EMPLEO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO LOCAL, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y AL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.

Hechos: A un trabajador al servicio del Estado de Chihuahua se le instauró un procedimiento de responsabilidad administrativa en el que, conforme al artículo 124, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se le fijó como medida cautelar el otorgamiento del 30% de su ingreso real por concepto de mínimo vital; posteriormente se le dictó prisión preventiva por su probable responsabilidad en la comisión de un delito y, en términos del artículo 107, fracción II, del Código Administrativo local, se decretó la suspensión temporal de la relación laboral y se le suspendió cualquier pago respecto de la plaza que ocupaba. Contra esta última norma promovió juicio de amparo indirecto, derivado de su acto de aplicación y solicitó la suspensión definitiva para el efecto de que se le siga pagando el porcentaje indicado, la cual se concedió; inconforme con esta resolución la autoridad responsable promovió recurso de revisión.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se suspendan temporalmente los efectos del nombramiento de un trabajador al servicio del Estado de Chihuahua, conforme al artículo 107, fracción II, del Código Administrativo de esa entidad federativa, por estar sujeto a prisión preventiva, procede conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto para el efecto de que se le continúe pagando el 30% de su ingreso real, en atención al principio de presunción de inocencia y al derecho al mínimo vital.

Justificación: Conforme al principio de presunción de inocencia y al derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana, y al artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el pago equivalente al ingreso mínimo de subsistencia de un trabajador sujeto a un procedimiento de responsabilidad administrativa, aun cuando con posterioridad se le haya dictado prisión preventiva como presunto responsable de la comisión de un ilícito, no afecta el interés social, ni contraviene disposiciones de orden público y tampoco significa que dicho ingreso sea permanente, máxime si aquél afirmó tener la obligación de proporcionar alimentos a su menor hijo, por lo que debe proveerse conforme al interés superior de éste.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.