AUTONOMÍA PROGRESIVA DE LA NIÑEZ. TAMBIÉN RIGE EN LA PRIMERA INFANCIA, AUN CUANDO LA PERSONA MENOR DE EDAD TODAVÍA NO PUEDA FORMARSE O EXPRESAR UN JUICIO PROPIO.

Hechos: Un padre promovió una controversia familiar para que se estableciera un régimen de visitas y convivencias con su hijo de corta edad, pues señaló que se le impedía convivir con él. Ante la falta de pronunciamiento e instrumentación de dicho régimen promovió amparo indirecto. Durante la tramitación del juicio de amparo, la autoridad familiar estableció un régimen provisional de visitas y convivencias supervisadas, ordenó la inscripción de las partes a un programa de revinculación familiar y fijó fecha para una entrevista diagnóstica. El juzgado de distrito sobreseyó el juicio al considerar que habían cesado los efectos de las omisiones reclamadas. Inconforme, el padre interpuso recurso de revisión, al estimar que todavía no había ocurrido materialmente la convivencia con su hijo.

Criterio jurídico: El principio de autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes también rige en la primera infancia, aun cuando, por su etapa de desarrollo, la persona menor de edad todavía no se encuentre en condiciones de formarse o expresar un juicio propio. En esos casos, la protección de su interés superior debe realizarse mediante el ejercicio de la responsabilidad parental y de mecanismos especializados acordes con la evolución de sus facultades y sensibles a su etapa de desarrollo, mediante esquemas graduales y supervisados que privilegien condiciones de seguridad frente a decisiones abruptas adoptadas en su nombre.

Justificación: La autonomía progresiva parte de reconocer que niñas, niños y adolescentes no son sujetos pasivos de tutela, sino titulares plenos de derechos cuyo ejercicio se despliega conforme avanza su desarrollo.

La capacidad para decidir y participar no es uniforme ni estática, ni se adquiere súbitamente al alcanzar determinada edad, sino que constituye un proceso dinámico y gradual en el que aumenta progresivamente la autodeterminación de la persona menor de edad y disminuye, correlativamente, la sustitución decisional legítima de las personas adultas.

Por ello, la autonomía debe valorarse de manera contextual y relacional, atendiendo conjuntamente a la edad, el desarrollo cognitivo e intelectual, el estado emocional, el entorno social y cultural y la complejidad de la decisión de que se trate.

La primera infancia se sitúa en el extremo inicial de ese proceso evolutivo. En esta etapa, cuando la niña o el niño aún no se encuentra en condiciones de formarse o expresar un juicio propio, su interés superior no se realiza necesariamente mediante la expresión directa de su voluntad, sino a través del ejercicio de la responsabilidad parental y de mecanismos especializados que aseguren su desarrollo conforme a la evolución de sus facultades.

La primera infancia constituye un periodo de formación de los vínculos de apego y de organización sensoriomotriz, por ello, cuando se pretende reconstruir la relación con una figura parental, el acompañamiento debe ser sensible a esa etapa de desarrollo y puede requerir gradualidad y condiciones de seguridad antes que exposiciones abruptas.

De ahí que, comprendida desde la primera infancia, la autonomía progresiva refuerce que el interés superior de niñas y niños de muy corta edad se proteja mediante la responsabilidad parental y esquemas graduales y supervisados, y no mediante la imposición de decisiones abruptas adoptadas en su nombre.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.