AGUA POTABLE. EL DERECHO QUE POR ESTE SERVICIO ESTABLECE EL DECRETO 82 DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO, NO ES VIOLATORIO DE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD AL FIJAR TARIFAS DIFERENCIALES.

Esta Suprema Corte de Justicia ha establecido el criterio general de que tratándose de derechos fiscales, el principio de proporcionalidad se determina por la razonable correlación o avenencia entre el costo del servicio y el monto de la cuota, mientras que el de equidad implica que todos los que reciben igual servicio, paguen la misma cuota, pero también ha establecido que dicho criterio general no es aplicable a todos los tipos de derechos, pues tratándose de los servicios de agua potable, para determinar la proporcionalidad y equidad de las cuotas no deben tomarse en consideración la mencionada correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas y sociales de los diferentes grupos de causantes y también razones de orden extrafiscal. En consecuencia las tarifas diferentes establecidas por el artículo 20 del decreto aludido para los distintos usos (doméstico popular, residencial, industrial y para inmuebles del sector público), no son violatorias de los indicados principios que establece la fracción IV, del artículo 31 constitucional, ya que es razonable entender que entre los distintos grupos de usuarios que se deducen de las tarifas, existen variaciones marcadas que ameritan tratamientos diferentes, porque entre unos y otros hay propensión a usar, en promedio, distinta cantidad de agua, siendo obvio que el diferente uso revela diversa categoría económica de usuarios, porque indica distintos beneficios, pues mientras en unos tipos de tomas, el agua se ocupa para satisfacer necesidades personales y familiares que son básicas, en otras el agua es el elemento que influye para incrementar las posibilidades económicas del comerciante, prestador de servicios o industrial, además que en este último caso se corre el riesgo de que el agua utilizada resulte tan degradada o contaminada, que sea imposible destinarla a otros usos. Como además, dentro de cada uno de los grupos de usuarios se aplica la misma tarifa, ha de concluirse que el decreto reclamado no es violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad.