INSTITUCIONES DE CREDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES, DELITO PREVISTO EN EL ARTICULO 153 BIS 1 DE LA LEY DE. OMISION DE REGISTRO DE OPERACIONES QUE PRODUZCA VARIACION DEL ACTIVO O DEL PASIVO.

El delito previsto en el artículo 153 bis 1 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares consta de los siguientes elementos que integran su tipo: que el agente sea funcionario o empleado de una institución de crédito; que omita registrar en las condiciones determinadas por la ley, las operaciones que la institución verifique y que dicha omisión produzca como resultado la variación del activo o del pasivo de la empresa o de ambos. Así, si quedó acreditado que en su carácter de gerente o miembro del consejo de administración de una institución de crédito, el inculpado suscribió pagarés y firmó avalando obligaciones crediticias en representación de la institución y quedó también comprobada la omisión del registro contable de dichas operaciones, de la cual resultó una variación en el pasivo de la mencionada institución, debe considerarse que quedó integrado el delito, sin que para ello obste que la falta de registro contable de operaciones que implica pasivo de una empresa, no significa variación en dicho pasivo, porque aunque la anterior conclusión es cierta, con la misma no se desvirtúan los hechos como constitutivos del delito, pues la variación a que se refiere el artículo 153 bis 1 citado, no es la variación del pasivo real, pues éste no puede variar por cualquier circunstancia contable, que sea de la naturaleza que sea, deja inalterable el pasivo o el activo, ya que el monto del pasivo real lo constituye el conjunto de las obligaciones que haya contraído la empresa por cualquier contrato, convenio, hecho ilícito o simplemente por determinación de la ley; por tanto, el referido precepto debe entenderse rectamente, esto es, que cuando habla de la variación del pasivo no se refiere a una modificación del pasivo real (que jamás la puede producir un detalle contable), sino a una divergencia entre el pasivo real y el pasivo contable; por ello, resulta evidente que lo que se propuso el legislador fue evitar disparidad entre el activo o pasivo efectivamente existentes y los que se registran en los libros o documentos de contabilidad correspondiente. Así pues, los elementos materiales del delito y la responsabilidad del inculpado, sí quedaron debidamente demostrados, al comprobarse que era funcionario de una institución de crédito y que con ese carácter omitió el registro en los libros de contabilidad de operaciones verificadas a nombre de la institución. Por otra parte, el inculpado sí debe responder de la omisión en contabilizar las operaciones de referencia, pues él firmó los documentos de que se hizo mérito como gerente o miembro del consejo de administración de la empresa y, por tanto, le tocaba asegurarse de la ejecución material (aunque fuera por otras personas), de las obligaciones que impone el artículo 94 de la Ley de Instituciones de Crédito en cita, si dada la elevada cantidad de los referidos documentos y operaciones y la alta suma a que ascendió su monto, no es nada creíble que no se haya percibido de la falta de registro contable de los mismos.