OFENDIDO, AMPARO PEDIDO POR EL.

Los particulares no pueden tener ingerencia en el ejercicio de la acción penal, que el artículo 21 constitucional encomienda al ministerio público; y, por consiguiente, el querellante de un delito no puede combatir mediante el juicio de garantías las determinaciones que versen exclusivamente en la actuación desplegada con ese fin, puesto que esas providencias no afectan directamente sus derechos patrimoniales o personales, sino que tales determinaciones atañen al interés social.