OFICINAS DE GOBIERNO, DEBE CONCEDERSELES LA SUSPENSION SIN FIANZA, TRATANDOSE DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE.

El interés general y el orden público radican en el desarrollo normal de las actividades encomendadas al Estado, en su calidad de funciones de servicio público, que se realizan por conducto de los diversos funcionarios o empleados que forman la administración pública; de suerte que, cuando está a discusión el interés particular de alguno de esos empleados o funcionarios, en lo que a él respecta debe conceptuarse que se trata de intereses puramente patrimoniales, los que de ninguna manera puedan estimarse de mayor entidad que los del conglomerado social, a quien importa que tales servicios públicos se cumplan debidamente. Ahora bien, es correcta la decisión del Juez de Distrito que concedió la suspensión, sin fianza contra el laudo que impuso a la parte quejosa (una oficina pública), la obligación de reinstalar en su puesto al tercero perjudicado (un empleado), y a pagarle los salarios caídos.