LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ARTICULO 121, FRACCION IV, NO VIOLA LA GARANTIA DE AUDIENCIA QUE CONSAGRA EL ARTICULO 14 DE LA CONSTITUCION.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido criterio en el sentido de que cuando se alega violación a la garantía de audiencia, deben examinarse todas las disposiciones relacionadas con el precepto impugnado y no solamente el que se impugna. De acuerdo con lo anterior, el artículo 121, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, debe analizarse en relación con el artículo 120, del propio ordenamiento y los artículos 1o., 2o. y 3o., del reglamento de los artículos 121 y 122 de la propia Ley Federal del Trabajo, preceptos de los cuales se advierte que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 120, señala que para efectos de esa ley "se considera utilidad en cada empresa la renta gravable, de conformidad con las normas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta"; a su vez, el reglamento de los artículos 2o. y 3o., remite al procedimiento fiscal previsto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación; y considera que el procedimiento de revisión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez iniciado deberá concluirse para efectos fiscales y de participación de utilidades; más aún, el artículo 1o., del referido reglamento sólo considera las objeciones de los sindicatos como simples denuncias por irregularidades fiscales; de ahí que el precepto en cuestión no sea violatorio de la garantía de audiencia consagrada por el artículo 14 constitucional, por no contener un procedimiento en que se diera la garantía de previa audiencia al patrón, en razón de que las utilidades a repartir tienen como base o hecho generador las utilidades o renta, por lo tanto, serán las autoridades fiscales las que a través de la aplicación de los artículos 13 y 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y 83 del Código Fiscal de la Federación, revisen la declaración del patrón causante del impuesto, le hagan los requerimientos necesarios para comprobar los distintos renglones de su declaración, le finquen las diferencias, en caso de proceder, para el efecto de determinar la verdadera utilidad sujeta al pago del impuesto y como vía de consecuencia de tal revisión y en el caso de fincamiento de mayores utilidades gravables, también mayor cantidad a repartir entre sus trabajadores, en los términos de la Ley Federal del Trabajo y del reglamento de los artículos 121 y 122 de dicha ley, o sea, que para llegar a tal conclusión, el único procedimiento es el fiscal, fundamentado, como se dijo, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación y, por ende, es claro que no pueda exigirse que el precepto impugnado establezca la garantía de previa audiencia al patrón, en su calidad de causante, porque como ya ha quedado precisado el procedimiento de revisión tantas veces aludido tiene primordialmente efectos fiscales y como consecuencia afecta a la participación de utilidades; de ahí que debe hacerse notar que el requisito de audiencia previa no existe tratándose, como en el caso, de un procedimiento fiscal, sino que basta para que dicho requisito constitucional quede satisfecho, que en la ley de la materia se conceda recurso o medio de defensa legal en contra de la resolución definitiva que finque un crédito fiscal (tesis jurisprudencial número 20 consultable a página 62, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1975, Primera Parte), como acontece en la especie, pues en el caso, si el patrón no está conforme con el fincamiento fiscal, en relación al nuevo monto de las utilidades que le fija la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puede hacer uso de los recursos administrativos a que se refiere el Código Fiscal de la Federación, en el capítulo V, título tercero, o hacer uso del juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, y el resultado del recurso o del juicio repercutirá necesariamente en la cantidad fijada como utilidad repartible, lo cual lleva a concluir que el precepto impugnado no infringe la garantía de audiencia protegida por el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.