FIANZAS PENALES. REQUERIMIENTO ADMINISTRATIVO. FACULTAD DE LAS SALAS FISCALES PARA ANULARLO.

Las Salas Fiscales tienen atribuciones para anular el requerimiento administrativo, pero sólo fundándose en que tal requerimiento no llena los requisitos que establecen los artículos 95, 117 y 130 de la Ley de Instituciones de Fianzas, y no están facultadas para estimar ilegal el acto administrativo apoyándose, única y exclusivamente, en la circunstancia de que, con arreglo al Código Penal o Procedimientos Penales, deba reputarse ilegal el auto que ordenó el cobro de la póliza, puesto que la ilegalidad del acuerdo judicial correspondiente es un tema que incumbe a la autoridad penal o, en su caso , al Juez del amparo, más no al tribunal de competencia administrativa. Cuando no se reclama directamente la ilegalidad propia de la resolución de la tesorería, sino que se pretende concluir la invalidez de esta resolución sólo del hecho de que es contraria a la ley una actuación que se realizó en la esfera penal, resulta palpable que el Tribunal Contencioso Administrativo carece de facultades para resolver el problema así planteado.