TRABAJADORES DEL ESTADO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION CONTRA EL CESE DE LOS.

Los actos de las autoridades administrativas, que tengan por objeto el cese o remoción de un empleado público, se presumen ejecutados para el mejor servicio, como una de las funciones primordiales conferidas al Estado, por lo que en contra de esos actos, no procede la suspensión, ya que de otorgarse, se perjudicarían el interés general y el de la sociedad, a las que importa el correcto y normal funcionamiento de las instituciones.