PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. COMPRENDE FACULTADES PARA REPRESENTAR AL PARTIDO POLÍTICO OTORGANTE ANTE AUTORIDADES ELECTORALES.-

El concepto de acto de administración se ha elaborado con referencia al patrimonio de las personas, calificándose como tal a un acto jurídico cualquiera realizado por su autor con el fin de asegurar la conservación de los bienes y derechos que integran dicho patrimonio e incluso, de ser posible, agregarles valor. Sin embargo, dado que los partidos políticos, como personas jurídicas, no tienen una finalidad de lucro, no es válido identificar el acto de administración que realicen sus órganos con referencia a una base patrimonial, sino que para hacerlo deben tomarse en cuenta los fines para los cuales los partidos políticos fueron instituidos, los cuales consisten en promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Por tanto, para efectos electorales, el acto de administración que realiza el órgano de un partido político será aquel que se relacione con la conservación del propio ente y con la realización de los fines previstos en la fracción I del artículo 41 constitucional, de tal manera que si el acto de registro de candidatos constituye uno de los actos que debe efectuar un partido político para lograr el fin consistente en que los ciudadanos ejerzan un cargo del poder público, es válido estimar que se está en presencia de un acto de administración, de lo que se sigue que el poder general para tales actos conferido por un instituto político, es suficiente para considerar que el apoderado cuenta con facultades para representarlo ante las diversas autoridades electorales en la realización de actos relativos a su conservación y a la realización de sus fines.