ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 95-BIS DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL [TESIS HISTÓRICA].

De los artículos 68, 69, punto 1, inciso e), 70, punto 1, 83, punto 1, incisos b) y m), 89, punto 1, inciso f), y 162 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de los numerales 93, 94, 95, 101 y 102 del Código Electoral del Estado de Michoacán, se advierte que el Instituto Federal Electoral y el local pueden celebrar convenios de colaboración; sin embargo, éstos están acotados a determinar aspectos que básicamente atañen al intercambio y uso de información, capacitación, educación cívica y fiscalización, con el propósito de lograr sus objetivos. Así, dichos convenios no pueden comprender aspectos propios de sus atribuciones, pues en términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Federal Electoral es el órgano encargado de organizar, conducir y vigilar las elecciones federales, en tanto que conforme al artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, es atribución del Instituto Electoral de la entidad organizar las elecciones locales; de ahí que tales facultades constitucionales no pueden ser objeto de un convenio. En ese sentido, se concluye que el artículo 95-Bis del Código Electoral del Estado de Michoacán, al establecer que el Instituto Electoral de la entidad podrá celebrar convenios con el Instituto Federal Electoral para que, dado el caso, aquél organice, conduzca y vigile procesos electorales federales, o bien el Instituto Federal Electoral lo haga respecto de los procesos electorales locales, transgrede los artículos 41 y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, ya que trastoca la competencia originaria de éstos en materia de organización de elecciones, además de que es jurídicamente inadmisible que el legislador ordinario de un Estado imponga obligaciones o establezca la posibilidad de que órganos federales o locales realicen funciones ajenas al ámbito de atribuciones establecidas previamente por el órgano reformador de la Constitución Federal o de la Local.