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COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO. LAS ATRIBUCIONES QUE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 4o. Y 8o. DEL DECRETO NÚMERO 227, QUE ESTABLECE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DICHO MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO DE 1996, AL DIRECTOR GENERAL Y AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA [TESIS HISTÓRICA].

Clave: 99 (H) · Registro digital (IUS): 1001718 · Tipo: Jurisprudencia obligatoria
Época: 9a. Época · Instancia: Pleno · Fuente: Apéndice de 2011
Localización: [J]; 9a. Época; Pleno; Apéndice 2011; Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Tercera Parte - Históricas Primera Sección - SCJN; Pág. 2681

Las atribuciones que los artículos 4o. y 8o. del decreto señalado otorgan, respectivamente, al director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco para aplicar las disposiciones en él contenidas, interpretarlas en casos dudosos y vigilar su exacta observancia, y al Consejo de Administración de dicha comisión para establecer o modificar, mediante disposiciones de carácter general, los métodos, sistemas y procedimientos administrativos para la aplicación del decreto, no son violatorias del principio de legalidad tributaria, en virtud de que tales actividades son propias de las autoridades administrativas a quienes se encarga la ejecución de las normas, sobre todo si se toma en consideración que los artículos 47 a 52 de la Ley de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco prevén los elementos esenciales de la contribución, precisando el marco legal a que debe sujetarse la autoridad administrativa para el cobro del tributo.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/jurisprudencia/1001718-32fc595a/comision-de-agua-potable-y-alcantarillado-del-municipio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta tesis en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes

Amparo en revisión 1720/96.—Inmobiliaria del Sur, S.A. de C.V.—21 de agosto de 1997.—Once votos.—Ponente: Juan N. Silva Meza.—Secretario: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Amparo en revisión 1754/96.—Hotel Condesa del Mar, S.A. de C.V.—21 de agosto de 1997.—Once votos.—Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.—Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. Amparo en revisión 1753/96.—Inmobiliaria Polar, S.A. de C.V.—21 de agosto de 1997.—Once votos.—Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.—Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco. Amparo en revisión 2079/96.—Inmobiliaria Pedro de Alvarado, S.A. de C.V.—25 de noviembre de 1997.—Once votos.—Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Secretaria: Rocío Balderas Fernández. Amparo en revisión 1188/97.—Alimentos Tropicales de Acapulco, S.A. de C.V.—25 de noviembre de 1997.—Once votos.—Ponente: Mariano Azuela Güitrón.—Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 36, Pleno, tesis P./J. 11/98; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 259. Apéndice 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Jurisprudencia, Tesis Históricas, página 643, Pleno, tesis 31 (H). Nota: Histórica conforme a la nota genérica 2. El decreto que se interpreta fue derogado, pero contiene un criterio relevante en relación con el principio de legalidad tributaria.

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