VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 4o.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ EL AJUSTE DEL IMPUESTO ACREDITABLE EN MATERIA DE INVERSIONES, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (DECRETO PUBLICADO EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004).

Con la entrada en vigor del precepto aludido se introdujo un procedimiento de acreditamiento específico tratándose de inversiones, conforme al cual debe aplicarse el ajuste correspondiente de la proporción acreditable cuando ésta se modifique en más de 3% atendiendo al destino habitual de dichas inversiones para la realización de actividades gravadas, exentas o mixtas; sin embargo, ello no implica que se afecten derechos adquiridos, pues el hecho de que con anterioridad a la reforma los contribuyentes no estuvieran obligados a llevar a cabo el ajuste referido, no significa que adquirió un derecho a su favor en forma irrevocable; esto es, la circunstancia de que el legislador no previera la nueva obligación conforme a la ley anterior, no implica que los contribuyentes tuvieran el derecho a que no se les impusiera a partir de la entrada en vigor de la nueva ley. Por otra parte, si bien es cierto que conforme a dicho procedimiento deben tomarse datos del acreditamiento efectuado en meses previos, también lo es que en dicho dispositivo no se establece que deberá tenerse en cuenta el impuesto al valor agregado causado y regulado conforme a la ley anterior, o que se alteren supuestos o consecuencias jurídicas acontecidos conforme a esa ley, sino que, por el contrario, se regulan supuestos y consecuencias jurídicas ocurridos bajo el imperio de la nueva ley. En tales condiciones, el artículo 4o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente a partir del 1o. de enero de 2005, que prevé el ajuste del impuesto acreditable en materia de inversiones, no viola la garantía de irretroactividad de la ley contenida en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no obra hacia el pasado afectando situaciones jurídicas generadas con anterioridad a su entrada en vigor, ni afecta derechos adquiridos por el gobernado.