REMATES FISCALES.
La ley que establezca que el remate fiscal nulifica los gravámenes hipotecarios anteriores existentes sobre la finca rematada, priva a los acreedores de sus derechos, sin forma alguna de juicio y sin ser parte en el procedimiento fiscal, y su aplicación debe estimarse violatoria de las garantías que concede el artículo 14 de la Constitución.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/jurisprudencia/1011531-8d7a8ae9/remates-fiscales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta tesis en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes
Amparo en revisión 4249/27.—Banco Nacional de México, S.A.—10 de mayo de 1928.—Unanimidad de ocho votos.—La publicación no menciona el nombre del ponente.
Amparo en revisión 2696/21.—Martínez Juliana.—23 de enero de 1929.—Mayoría de tres votos.—La publicación no menciona el nombre del ponente.
Amparo en revisión 2040/28.—Soc. de Crédito Hipotecario Holandesa Mexicana.—8 de marzo de 1929.—Unanimidad de cuatro votos.—La publicación no menciona el nombre del ponente.
Amparo en revisión 3368/27.—Banco Hipotecario de Crédito Territorial Mexicano.—24 de octubre de 1929.—Cinco votos.—Relator: Daniel V. Valencia.
Amparo en revisión 3635/27.—Banco Hipotecario de Crédito Territorial Mexicano, S.A.—25 de noviembre de 1929.—Unanimidad de cuatro votos.—La publicación no menciona el nombre del ponente.
Apéndice 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 506, Segunda Sala, tesis 439.
Nota: La Ley de Amparo de 1919 exigía, en su artículo 148, que las ejecutorias que integraran la jurisprudencia obligatoria hubieran sido votadas por mayoría de siete o más de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que entonces funcionaba únicamente en Pleno.
El veinte de diciembre de mil novecientos veintiocho entró en vigor la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuyos artículos 3o., 4o., 5o., 16 y 18, se estableció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integraría por dieciséis Ministros; funcionaría en Pleno y en Salas; se integrarían tres de ellas, de cinco Ministros cada una; el quórum mínimo para actuar sería de once Ministros en el Pleno y de cuatro en las Salas.
Sin embargo, no fue modificada la Ley de Amparo en cuanto a la exigencia de la votación de siete Ministros para que una ejecutoria pudiera constituir precedente para la formación de la jurisprudencia obligatoria.
Ahora, en el material revisado se detectó una copiosa producción de tesis, sostenidas por las diferentes Salas del Alto Tribunal, o por el Pleno y alguna de las Salas de reciente creación, criterios cuyos precedentes, lógicamente, no alcanzaban los siete votos exigidos por la ley entonces vigente.
En este caso también se encontró que oportunamente, el más Alto Tribunal del País se pronunció en el sentido de que “Dada la actual organización de la Suprema Corte, en Salas de cinco componentes, éstas tienen todas las facultades que fija la Ley de Amparo; por lo cual sus resoluciones obligan, aun cuando sean por mayoría de votos, y forman jurisprudencia, cuando son en número de cinco, no interrumpidas por otra en contrario”. Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXVIII, página 1183. “JURISPRUDENCIA DE LA CORTE.”
Por otra parte, en la doctrina se encontró que el autor Agustín Farrera (El Juicio de Amparo. México. Publicaciones Farrera. 1932, página veinte), plantea el problema y dice que “…la Suprema Corte ha resuelto que establecen jurisprudencia las
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