SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. EL ARTÍCULO 28, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE PREVÉ LOS CASOS EN QUE PUEDE SOLICITARSE, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA.

El artículo 28, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al establecer que el demandante podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado cuando la autoridad ejecutora la niegue, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, no transgrede la garantía de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no condiciona dicha suspensión a la acción de la autoridad demandada, sino que se estructuró sobre la presunción de un requisito razonable para que un órgano jurisdiccional decida sobre la paralización de un acto que ha sido negado por aquella autoridad, consistente en que el interesado en suspender la ejecución del acto administrativo haya exteriorizado su intención al presentar la solicitud respectiva ante la autoridad ejecutora y que ésta se haya negado a concederla. Además, el indicado precepto prevé una oportunidad adicional para que se revise la negativa de la suspensión, siempre que tal pretensión, como se estableció, se haya exteriorizado por el interesado, lo cual presupone un actuar lógico indispensable de éste para que el Magistrado se pronuncie en el juicio contencioso administrativo, toda vez que no puede decidir sobre una cuestión que no le ha sido planteada.