COMPETENCIA POR INHIBITORIA, INEXISTENCIA DE LA, POR FALTA DE RESOLUCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE SEGUNDA INSTANCIA (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y DEL DISTRITO FEDERAL).

La actual integración de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aparta del criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 15/93 o 159 de la anterior Tercera Sala, consultable a foja 107, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "COMPETENCIA POR INHIBITORIA. SI EL JUEZ REQUERIDO ACEPTA LA QUE LE PLANTEA EL REQUERIENTE PERO UNA DE LAS PARTES SE INCONFORMA CON ELLO, DEBEN REMITIRSE LOS AUTOS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA."; con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, la interrumpe, por considerar que para que se remitan los autos a la Suprema Corte no basta la aceptación del Juez requerido, sino que es indispensable que el superior de dicho Juez emita la correspondiente resolución. En efecto, el artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que si las partes estuvieren conformes al ser notificadas del proveído que acepte la inhibición, remitirá los autos al "tribunal requeriente" y que "en cualquier otro caso" remitirá los autos a la Suprema Corte, comunicándolo así al requeriente para que haga igual cosa; pero la regulación en esos términos no implica que la inconformidad deba conocerla, de primera intención, la Suprema Corte de Justicia, pues la frase "tribunal requerido" y en "cualquier otro caso" está referida al trámite que se sigue en la segunda instancia; en el párrafo primero, del propio numeral 36, establece que la resolución que niega el requerimiento es apelable, por tanto, en igualdad de razón, es procedente contra aquella que lo concede; el tercer párrafo de ese artículo, es posterior al que contiene el señalamiento, que si la inhibitoria se promueve ante la segunda instancia, la resolución que niega el requerimiento no admite recurso alguno, lo que implica, lógicamente que la expresión "tribunal requerido" esté referida al tribunal de alzada que fue requerido, para que se inhibiera del conocimiento del asunto y no a un Juez de primera instancia. Asimismo, porque la inconformidad no podría resolverse en la entidad federativa donde se aceptó la inhibitoria, porque no existe un tribunal superior al de alzada que pueda revisarla y por ello es necesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sí tiene jurisdicción sobre cualquier tribunal ordinario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Constitución Federal. Incluso, porque el artículo 148 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes señala que el Juez ante quien se promueve la inhibitoria "remitirá desde luego las actuaciones respectivas al superior". Por su parte, el artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que el Juez que se estima no ser el competente "remita testimonio de las actuaciones respectivas al superior, para que éste decida la cuestión de competencia". En esas condiciones, por la interpretación del referido artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles y mientras no exista la determinación que las leyes del lugar obligan emitir a los tribunales de alzada, el conflicto competencial es inexistente y así debe declararse.