DECISIONES COLECTIVAS. EL ESTADO SE ENCUENTRA OBLIGADO A GARANTIZAR LAS REGLAS PROCEDIMENTALES PARA SU FORMACIÓN.

Hechos: Diversas personas, físicas y morales, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la imposición de un mecanismo de votación por cédula secreta sobre un dictamen de reforma constitucional local, atribuible a diversas autoridades adscritas al Poder Legislativo de una entidad federativa, al considerarlo violatorio de, entre otros, el derecho a participar activamente en la dirección de los asuntos públicos del Estado, en relación con la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en el régimen democrático mexicano debe garantizarse una serie de reglas procedimentales para la formación de decisiones colectivas, dentro de las que se encuentra la obligación del Estado de garantizar que: 1) todos los ciudadanos participen en la toma de decisiones sin ningún tipo de discriminación; 2) su opinión pública se forme libremente; y, 3) tengan la posibilidad de elegir entre diversos programas políticos que reflejen con amplitud necesaria la diversidad y la pluralidad sociales. Y, en consecuencia, la obligación de implementar medidas para lograr su efectividad.

Justificación: El Estado Mexicano tiene obligaciones específicas que surgen de su obligación general de adoptar todas las medidas, de cualquier naturaleza (ejecutivas, legislativas o judiciales), que sean necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan la posibilidad de ejercer su derecho a participar directamente en los asuntos públicos del país, no sólo por conducto de sus representantes, sino mediante la asistencia de asambleas facultadas para adoptar decisiones sobre cuestiones que atañen a determinada comunidad, esto por conducto de los órganos que fueron creados para representarlos.