INTERÉS JURÍDICO EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN A PETICIÓN DE PARTE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 329 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. NO LO TIENE LA PERSONA CONSUMIDORA PARA SOLICITARLA RESPECTO DE UN PRODUCTO QUE OSTENTA UNA MARCA SEÑALADA COMO REGISTRADA SIN ESTARLO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si el ser consumidor de un producto que ostenta una marca como registrada sin estarlo, tiene interés jurídico para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de infracción previsto en el artículo 329 en relación con el 386, fracción XVI, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Mientras que uno estimó que las personas consumidoras sí tienen interés jurídico para iniciar dicho procedimiento, el otro señaló lo contrario.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que las personas consumidoras no tienen interés jurídico para instar el procedimiento de declaración administrativa de infracción a petición de parte, cuando la solicitan respecto de un producto que ostenta una marca señalada como registrada sin estarlo.

Justificación: Del análisis de diversos precedentes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –contradicciones de tesis 8/92 y 357/2011 y amparo directo en revisión 3305/2023–, deriva que el interés jurídico para iniciar cualquier procedimiento de declaración administrativa a petición de parte, no sólo supone acreditar un derecho subjetivo legítimamente tutelado sino también de su afectación. Por ello es insuficiente acreditar una situación de hecho o un interés legítimo o simple, de modo tal que quienes cuentan con interés jurídico para hacer efectivo el respeto de los derechos que la ley les confiere en caso de que éstos sean violados, son las personas titulares de una patente de invención o de un registro, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales. Si bien aunque las personas consumidoras tienen interés jurídico para defender sus derechos con esa calidad, no lo pueden hacer a través del procedimiento de declaración administrativa de infracción a petición de parte ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, porque éste se encuentra reservado para las personas que resientan una afectación en sus derechos en materia de propiedad industrial. En todo caso, únicamente podrían proporcionar información al Instituto a través de una denuncia, para que, en su caso, se inicie oficiosamente el procedimiento de declaración administrativa de infracción. No obstante, las personas consumidoras cuentan con otras vías para defender sus derechos cuando se trate de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados, frente a los proveedores o prestadores de servicios, como son promover las acciones colectivas previstas en el artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles y las quejas o reclamaciones correspondientes ante la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme al artículo 99 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuyos procedimientos pueden culminar con la imposición de infracciones.

PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.