PATENTES. EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL ESTABLECER COMO REQUISITO CONTAR CON INTERÉS JURÍDICO PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA A PETICIÓN DE PARTE, RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA 2020).

Hechos: Una persona moral promovió juicio contencioso administrativo en contra de la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de no estudiar una solicitud de declaración administrativa de nulidad de una patente, al operar la excepción de falta de interés jurídico. La Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de ese acto. La empresa promovió juicio de amparo directo en el cual planteó la inconstitucionalidad del citado precepto. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo y en contra de su sentencia la quejosa interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 188 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, al imponer el requisito de contar con interés jurídico para iniciar el procedimiento de declaración administrativa a petición de parte, respeta el derecho a la tutela judicial efectiva.

Justificación: La interpretación efectuada por esta Sala en la contradicción de tesis 357/2011, respecto de los artículos 152, fracción II, 155 y 188 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial en torno a los requisitos para acreditar el interés jurídico para solicitar la declaración de caducidad de un registro marcario, es aplicable a los procedimientos de declaración administrativa en los que se involucran invenciones, como lo son las patentes, pues es válido partir del mismo análisis para observar que sólo al verse afectada la esfera jurídica del solicitante se actualiza la procedencia de dicha solicitud, no sólo de los signos distintivos, sino de cualquiera de las figuras jurídicas protegidas por la referida ley, lo cual hace sentido con las finalidades previstas en las fracciones V y VI de su artículo 2. De ahí que la sola calidad de competidor comercial no genera interés jurídico para iniciar procedimientos de declaración administrativa, tanto más si existe un sistema de propiedad industrial que lícitamente concede derechos exclusivos. Como las condicionantes para acudir a un procedimiento administrativo no se traducen en restricciones, dado que obedecen a un sistema normativo que las justifica, lo que a su vez garantiza el principio de seguridad jurídica, se concluye que el artículo 188 citado respeta el derecho a la tutela judicial efectiva, pues sólo al cumplir con el requisito de verse afectada la esfera jurídica del solicitante se actualiza la procedencia de la solicitud de declaración administrativa de nulidad de una patente; máxime que la segunda parte del precepto prevé que cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la existencia de causales para iniciar el procedimiento de oficio, en cuyo caso, éste podrá considerar esa información como elemento para determinar el inicio del procedimiento.