PENALIZACIÓN DEL MALTRATO ANIMAL. LOS ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO), NO TRANSGREDEN EL DERECHO A LA LIBERTAD DE RELIGIÓN.

Hechos: Una persona perteneciente a la santería cubana o tradicionalismo ifá-orisha promovió un juicio de amparo indirecto para controvertir la constitucionalidad de los delitos enunciados en los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), los cuales penalizan conductas catalogadas como maltrato animal. A su parecer, el legislador de esa entidad federativa transgredió, entre otros, el derecho a la libertad de religión reconocido en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Jueza de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo; en desacuerdo, la persona quejosa interpuso recurso de revisión y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México interpuso revisión adhesiva. El Tribunal Colegiado revocó la determinación de sobreseimiento y reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el pronunciamiento del tema de constitucionalidad.

Criterio jurídico: El alcance del derecho a la libertad de religión se encuentra limitado por el propio texto constitucional al establecer que no protegerá las prácticas religiosas que hayan sido catalogadas como delitos; así, la penalización al maltrato animal enunciada en los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), no vulnera el referido derecho.

Justificación: De una interpretación conjunta de los artículos 24 y 130 de la Constitución Federal se concluye que la libertad de religión se encuentra limitada por las conductas catalogadas como delitos. Si bien, el mencionado artículo 24 constitucional reconoce el derecho de toda persona a profesar la creencia religiosa que más le agrade, lo cierto es que este mismo precepto enuncia que la práctica religiosa será libre siempre y cuando no constituya un delito o falta penados por la ley. Por tanto, es el propio texto constitucional el que señala que los delitos establecidos por el legislador ordinario serán una restricción al ejercicio de prácticas religiosas, como puede ser el sacrificio de animales.