SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN AMPARO INDIRECTO. LA REDUCCIÓN EN EL MONTO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA DE UNA PERSONA ADULTA MAYOR DERIVADA DEL DECRETO EN MATERIA DE LÍMITES A LAS JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, NO SE EQUIPARA A UN ACTO DE TORTURA PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si la reducción de la pensión en términos del Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las Entidades Públicas, publicado el 10 de abril de 2026, constituye un acto de tortura prohibido por el artículo 22 constitucional. Mientras que uno consideró que no lo constituye, pues aunque una reducción económica pueda generar preocupación, incertidumbre, inconformidad o angustia emocional, no se transforma automáticamente en el mencionado acto prohibido; el otro estimó que la disminución de la pensión coloca a la persona adulta mayor en un estado de incertidumbre, angustia, intranquilidad y preocupación permanente respecto de la continuidad de su ingreso de retiro, lo que es una actuación equiparable a la tortura o tormento psicológico proscrito por el señalado artículo constitucional, por lo que procede conceder la suspensión de oficio y de plano.

Al conocer de la contradicción de criterios, este Pleno Regional fijó como punto a dilucidar el siguiente: Determinar si la reducción en el monto de la pensión jubilatoria de una persona adulta mayor puede considerarse indiciariamente, por sus efectos patrimoniales y emocionales, un acto equiparable a tortura, prohibido por el artículo 22 constitucional y que por ello proceda conceder la suspensión de oficio y de plano prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, cuando en el juicio de amparo se reclaman actos relacionados con el decreto señalado.

Criterio jurídico: La reducción del monto de las pensiones derivada del Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las Entidades Públicas, no se equipara a un acto de tortura prohibido por el artículo 22 constitucional, para efectos de la procedencia de la suspensión de oficio y de plano.

Justificación: El artículo 126 de la Ley de Amparo establece como condicionante para que se emita un pronunciamiento sobre la suspensión de oficio y de plano que se trate de algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En el caso, la reducción en el monto de las pensiones derivada del decreto señalado, no se equipara a un acto de tortura, toda vez que conforme a los estándares nacionales e internacionales establecidos en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, para saber si se está en presencia de este tipo de actos, deben existir afectaciones físicas o mentales graves, que sean infligidas intencionalmente y que tengan como propósito castigar o intimidar o cualquiera otra que busque el menoscabo de la personalidad o integridad física y mental de una persona, por parte de un funcionario público, además de que no deben ser consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas.

Si bien es cierto que la reducción al monto de una pensión causa una afectación económica relevante, no evidencia una situación equiparable a la tortura en los términos exigidos por el artículo 22 constitucional, pues las manifestaciones relativas a incertidumbre, preocupación, estrés o afectación emocional derivadas de una disminución pensionaria de forma inicial no pueden ser consideradas de extremo sufrimiento físico o psíquico de la intensidad requerida para actualizar la procedencia excepcional de la suspensión de oficio y de plano.

Sin que sea suficiente la calidad de persona adulta mayor o la existencia de una reducción pensionaria para concluir de forma inicial automáticamente que se actualiza una hipótesis prohibida por el artículo 22 constitucional, pues se deben demostrar elementos que permitan inferir razonablemente una afectación extrema a la integridad personal equiparable a un acto de tortura, el cual exige una afectación particularmente intensa y cualificada a la dignidad e integridad humana. Además, no cualquier afectación patrimonial o emocional derivada de una actuación estatal la produce.

La reforma al artículo 127 constitucional no causa un acto de tortura, porque no existe la intencionalidad de causar dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales ocasionados por un servidor público, con el propósito específico de humillar, castigar, intimidar, quebrantar la voluntad, obtener confesiones o menoscabar gravemente la personalidad o dignidad de la persona. La reducción y/o ajuste de las pensiones de acuerdo con la exposición de motivos del indicado decreto, tiene como fin optimizar el uso de los recursos públicos, evitar privilegios desproporcionados y garantizar la equidad presupuestaria, conforme a los artículos 127 y 134 constitucionales. Por ende, lo reclamado es consecuencia de una medida legal, lo cual conforme al artículo 2 citado, no es motivo de tortura.

PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO