AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMA LA SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DEL PAGO DE SALARIOS POR UN ORGANISMO O DEPENDENCIA PÚBLICA Y LA PERSONA QUEJOSA DESCONOCE EL FUNDAMENTO Y LOS MOTIVOS DE ESA DETERMINACIÓN.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al resolver si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia cuando el acto reclamado consiste en la suspensión o privación del pago del salario atribuida a autoridades que fungen como patrón desconociéndose su origen; así como la falta de respuesta a un escrito en el que se solicitó informar las razones de tal acto.

Mientras que uno determinó que la causa de improcedencia no era manifiesta ni indudable, porque de la demanda de amparo se advertía que la persona quejosa desconocía el fundamento y motivos con base en los cuales se emitió el acto; el otro consideró actualizada la causa de improcedencia, al estimar que la suspensión del pago procedía de una relación de coordinación entre el ente público, en su carácter de patrón, y la persona trabajadora, por lo que las autoridades señaladas como responsables no tenían ese carácter para efectos del amparo.

Al conocer de la contradicción de criterios, este Pleno Regional estableció como punto a dilucidar el siguiente: ¿El auto inicial en el trámite de un amparo indirecto es el momento procesal oportuno para determinar si la suspensión o privación del pago de salarios efectuado por una autoridad, en su carácter de patrón, actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia?

Criterio jurídico: El auto inicial en el trámite de un amparo indirecto no es el momento procesal oportuno para determinar si la suspensión o privación del pago de salarios atribuida a una autoridad, en su carácter de patrón, actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, ante la falta de elementos suficientes para considerar al organismo o dependencia como autoridad para efectos del juicio, pues ese estudio es propio de la sentencia de fondo, máxime cuando se reclama el desconocimiento del fundamento y de los motivos que dieron lugar a la suspensión del pago.

Justificación: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza el desechamiento de plano de una demanda de amparo indirecto únicamente cuando la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable. Es manifiesta cuando se advierte de forma patente y clara de la demanda, de sus escritos aclaratorios o de los documentos anexos; y es indudable cuando existe certeza plena de que su actualización no podría desvirtuarse con los informes, alegatos o pruebas que se incorporen durante la sustanciación del juicio.

Las causas de improcedencia deben demostrarse plenamente y no inferirse mediante presunciones. Por ello, cuando para establecer su actualización sea necesario realizar consideraciones interpretativas, examinar la naturaleza del acto reclamado o allegarse de elementos adicionales, no se satisfacen las exigencias del artículo 113 citado.

En ese contexto, determinar si la suspensión o privación del pago del salario atribuida a un organismo o dependencia pública constituye un acto de autoridad para efectos del amparo exige examinar: a) las facultades legales del ente señalado como responsable; b) el fundamento y los motivos de la medida; c) si la afectación fue impuesta unilateral y obligatoriamente; y d) si la relación jurídica en que se produjo es de supra a subordinación o de coordinación.

Cuando esos elementos no se desprenden de la demanda ni de sus anexos y la persona quejosa afirma desconocer las razones jurídicas y materiales de la afectación salarial, la determinación sobre la naturaleza del acto requiere un estudio más amplio y la incorporación de elementos adicionales, como los informes justificados y las constancias que los sustenten, por lo que, en ese supuesto, la causa de improcedencia no es manifiesta ni indudable y no puede justificar el desechamiento de plano.

La admisión de la demanda únicamente permite integrar el procedimiento y contar con los elementos necesarios para resolver, pero no prejuzga sobre el carácter de autoridad del ente o dependencia señalada como responsable ni impide que, posteriormente, se decrete el sobreseimiento si se demuestra la causa de improcedencia invocada o alguna diversa.

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