DESTITUCIÓN DE PERSONAS FUNCIONARIAS PÚBLICAS. NO PUEDE EMPLEARSE COMO MEDIDA DE APREMIO PARA HACER EFECTIVO EL CUMPLIMIENTO DE UN LAUDO, AL TRATARSE DE UNA SANCIÓN DE NATURALEZA DISCIPLINARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si para lograr el cumplimiento eficaz de un laudo condenatorio, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero puede hacer uso de la sanción relativa a la destitución del funcionario público, prevista en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248. Mientras uno consideró que podía utilizarse como medida de apremio para lograr dicho cumplimiento; el otro determinó que el tribunal burocrático no podía emplearla con ese carácter, porque se trata de una figura jurídica cuyas naturaleza y finalidad son distintas de las medidas de apremio.

Al conocer de la contradicción de criterios, este Pleno Regional fijó como punto a dilucidar el siguiente: ¿El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero puede hacer uso de la sanción relativa a la "destitución" del funcionario público, prevista en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, para hacer efectivo el cumplimiento de un laudo condenatorio?

Criterio jurídico: La destitución de una persona funcionaria pública prevista en la fracción II del artículo 138 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, constituye una sanción de naturaleza disciplinaria, por lo que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa no puede recurrir a ella como medida de apremio para hacer efectivo el cumplimiento de un laudo, pues su naturaleza y finalidad son distintas a las propias de las medidas de apremio.

Justificación: El cumplimiento de sentencias se ha consolidado, en los ámbitos nacional e internacional, como un aspecto fundamental para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia. En ese sentido, las autoridades jurisdiccionales cuentan con mecanismos destinados a lograr ese objetivo, entre los que se encuentran, de manera preponderante, las medidas de apremio previstas por la persona legisladora para conminar a las autoridades o personas obligadas a cumplir una determinación jurisdiccional.

Tratándose de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, los artículos 125 a 128 establecen las medidas de apremio de las que dispone el tribunal burocrático local para procurar el cumplimiento eficaz e inmediato de sus laudos. En cambio, el artículo 138, fracción II, de la propia legislación prevé la destitución de una persona funcionaria pública como una sanción administrativa sujeta a las reglas del procedimiento disciplinario o del derecho administrativo sancionador.

Por tanto, al tener la destitución una naturaleza, finalidad y régimen jurídico distintos de los correspondientes a las medidas de apremio, no puede incorporarse con ese carácter al conjunto de instrumentos de los que dispone el tribunal burocrático para conminar a una autoridad al cumplimiento de sus resoluciones.

Es decir, la facultad de adoptar las medidas necesarias para ejecutar los laudos no autoriza al órgano jurisdiccional laboral a incorporar una sanción prevista en un capítulo diverso, para una finalidad distinta, y utilizarla como medida de apremio adicional, pues ello implicaría atribuirle una facultad no establecida expresamente en la ley y desconocer el ámbito de aplicación específicamente previsto para las normas de naturaleza sancionadora.

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