ABORTO. LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA DEFINIR LA NOCIÓN DE PERSONA Y EL MOMENTO EN QUE SE ADQUIERE ESTE ESTATUS.

Hechos: Diversas mujeres y personas con capacidad para gestar promovieron un amparo indirecto en contra de diversos artículos que componen el sistema jurídico que criminaliza el aborto en el Estado de Tamaulipas, en el que cuestionaron su constitucionalidad por atentar contra los derechos a la autonomía reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la no discriminación, a la salud y a la libertad de conciencia.

El Juzgado de Distrito sobreseyó en el juicio por falta de interés legítimo, por lo que las quejosas interpusieron recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ejerció su facultad de atracción, revocó el sobreseimiento al determinar que las mujeres y personas con capacidad para gestar sí tienen interés legítimo para impugnar el sistema normativo local que criminaliza el aborto y desarrolló el estudio de constitucionalidad.

Criterio jurídico: Los congresos locales carecen de facultades para introducir en sus Constituciones una cierta noción de persona y establecer el momento en que se le otorga dicho estatus para efectos de la titularidad de derechos humanos, ya que ese actuar trastoca el orden constitucional federal.

Justificación: De acuerdo con la doctrina de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la noción de persona, como un presupuesto esencial de todo el régimen constitucional y convencional de protección de los derechos humanos, debe adoptarse de acuerdo con los criterios surgidos de las disposiciones constitucionales de manera uniforme en la totalidad del territorio nacional.

Por tanto, su determinación se encuentra reservada a la Federación, de modo que los congresos de las entidades federativas carecen de competencia para alterar ese presupuesto esencial y establecer el momento desde el cual se protege el derecho a la vida y se reconoce el estatus de persona.

En ese sentido, no corresponde a las autoridades legislativas locales determinar la intensidad y el carácter de la protección jurídica de la vida en gestación, ya que al hacerlo se trastoca el orden constitucional federal, al alterar la noción de persona como concepto esencial y restringir injustificadamente los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

PLENO.