SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ASEGURAMIENTO DE UN INMUEBLE DERIVADO DE UNA ORDEN DE CATEO. LA FALTA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y DEL INVENTARIO DE LOS BIENES ASEGURADOS NO IMPIDE, POR SÍ SOLA, SU OTORGAMIENTO.

Hechos: Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede la suspensión provisional contra el aseguramiento de un inmueble derivado de la ejecución de una orden de cateo, en específico la posibilidad de modular los efectos de dicho aseguramiento, cuando al resolver sobre la medida cautelar no se contaba con el acta circunstanciada de la diligencia ni con el inventario que permitiera individualizar los bienes asegurados vinculados con la investigación penal y distinguirlos de los ajenos a ella.

Mientras que uno consideró que la ausencia de dichos documentos impedía contar con elementos objetivos suficientes para identificar cuáles bienes se encontraban relacionados con la investigación penal y cuáles eran ajenos a ella, por lo que no era posible determinar respecto de cuáles podían modularse los efectos del aseguramiento sin comprometer los fines de la investigación; el otro sostuvo que la ausencia documental no impedía, por sí misma, conceder la suspensión provisional, porque no era indispensable que la parte quejosa identificara exhaustivamente los bienes cuando la documentación necesaria para ello se encontrara bajo el control de la autoridad; de modo que podían mantenerse asegurados los instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho investigado y suspenderse los efectos respecto de los bienes ajenos a éste.

Al conocer de la contradicción de criterios, este Pleno Regional fijó como punto a dilucidar el siguiente: ¿La falta de incorporación al incidente de suspensión del acta circunstanciada del cateo y del inventario de los bienes asegurados constituye, por sí misma, un obstáculo para conceder la suspensión provisional contra el aseguramiento de un establecimiento comercial y de los bienes localizados en su interior o, pese a esa ausencia, puede el órgano jurisdiccional modular los efectos de la medida con base en los demás elementos disponibles, preservando los bienes vinculados con la investigación penal?

Criterio jurídico: La falta del acta circunstanciada del cateo y del inventario de los bienes asegurados no constituye, por sí misma, un impedimento para conceder la suspensión provisional contra el aseguramiento de un inmueble derivado de una orden de cateo, por lo que el órgano jurisdiccional debe valorar los demás elementos disponibles para determinar, con el grado de conocimiento propio de esa etapa cautelar, el alcance que puede atribuirse al aseguramiento y fijar los efectos de la suspensión de manera que se preserven los efectos necesarios del aseguramiento respecto de los bienes cuya vinculación con el hecho investigado pueda advertirse, incluso indiciariamente, sin considerar sujetos al aseguramiento, por su sola localización dentro del inmueble, aquellos respecto de los cuales no exista elemento que permita establecer esa relación.

Justificación: Los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo establecen los presupuestos y parámetros que rigen el otorgamiento de la suspensión, para lo cual el órgano jurisdiccional debe atender a la naturaleza del acto reclamado y realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, el interés social y el orden público.

Tratándose de técnicas de investigación o medidas cautelares concedidas por autoridad judicial, el artículo 128 prevé como regla general que no serán objeto de suspensión; sin embargo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016, determinó que dicha previsión no establece una prohibición absoluta, pues corresponde al órgano jurisdiccional examinar las particularidades de cada caso para determinar si, excepcionalmente, puede concederse la medida cautelar.

Por su parte, los artículos 229, 230 y 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales delimitan los bienes susceptibles de aseguramiento y regulan su individualización y documentación. El primero establece que podrán asegurarse los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o que pudieran tener relación con éste; el segundo exige elaborar un inventario de "todos y cada uno" de los bienes que se pretendan asegurar, adoptar las medidas necesarias para su preservación, ponerlos a disposición de la autoridad competente e informar la calidad que guardan frente al hecho delictivo; mientras que el artículo 288 dispone que al concluir el cateo deberá levantarse el acta circunstanciada correspondiente.

En consecuencia, cuando al resolver sobre la suspensión provisional no obren el acta circunstanciada del cateo ni el inventario de los bienes asegurados, esa ausencia documental no produce, por sí misma, la presunción de que la totalidad de los bienes localizados dentro del inmueble quedó sometida al estado jurídico de indisponibilidad propio del aseguramiento. Pero tampoco permite sostener la presunción inversa, esto es, que todos los bienes sean ajenos a la investigación y deban quedar necesariamente comprendidos en los efectos de la suspensión. Corresponde al órgano jurisdiccional examinar los demás elementos disponibles en el incidente y determinar, con el grado de conocimiento propio de esa etapa cautelar, si existen datos que permitan advertir, incluso indiciariamente, la vinculación de determinados bienes con el hecho investigado. De advertirse esa vinculación, deben preservarse respecto de esos bienes los efectos necesarios del aseguramiento; en cambio, la sola ausencia del acta circunstanciada y del inventario no permite considerar comprendidos en éste, por su mera localización dentro del inmueble, aquellos bienes respecto de los cuales no exista elemento que permita establecer su relación con el hecho investigado. Una conclusión distinta atribuye a la ausencia documental un alcance que no deriva de las disposiciones que regulan esa técnica de investigación y traslada a la parte que solicita la tutela cautelar las consecuencias de la falta de incorporación de documentos cuya elaboración y resguardo corresponden a las autoridades que intervienen en el cateo y el aseguramiento.

Lo anterior es congruente con la tesis jurisprudencial P./J. 30/2001, de rubro: "SUSPENSIÓN. EN LOS CASOS DE ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN MATERIA PENAL PROCEDE CONCEDERLA SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE EL INTERÉS SOCIAL NI EL ORDEN PÚBLICO, CONFORME AL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y ALGUNA OTRA LEY.", en la que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, tratándose de bienes inmuebles, la suspensión puede incidir provisionalmente sobre determinados efectos materiales del aseguramiento sin dejarlo jurídicamente insubsistente, siempre que no se afecten el interés social ni el orden público.

PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO